NUEVAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19

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En este artículo intentaremos resumir las últimas medidas publicadas en el ámbito económico y social para intentar paliar los efectos derivados del Covid-19 y que complementan y matizan algunos aspectos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Estas medidas están reguladas en el Real Decreto-ley 9/ 2020, de 27 de marzo, que entró en vigor el 28 de marzo; en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, que entró en vigor ese mismo día; y en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que entró en vigor el 2 de abril.

Real decreto-ley 9/ 2020, de 27 de marzo, por el que principalmente se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral:

  • Mantenimiento de la actividad en centros sanitarios y de atención a personas mayores. Estos centros no podrán tramitar un ERTE, pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender su actividad parcialmente en las condiciones que establezca la ley.
  • Limitación del despido. La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan los ERTE regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
  • Medidas para agilizar la tramitación y abono de las prestaciones por desempleo de las personas que hayan sido objeto de un ERTE de los regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
  • La duración máxima de los ERTE será la misma que la del estado de alarma.
  • Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales.

Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, que regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. 

  • Se establece un Anexo con un listado de los sectores o actividades calificados como esenciales y a los que, por tanto, no se les aplica esta norma.
  • La norma tampoco es aplicable a las personas afectadas por un ERTE o a las que puedan seguir desempeñando su actividad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicio.
  • La norma no afecta a los trabajadores por cuenta propia que podrán seguir desplazándose a su lugar de trabajo en los términos expresados en el Real Decreto 463/2020.
  • Para todos los demás trabajadores que hasta ahora se encontraban prestando servicios, se aprueba un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Se podrán prestar servicios el día 30 de marzo con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable. En caso de ser necesario, se permitirá que las empresas que lo necesiten por sus características establezcan un número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable.
  • La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, debiendo negociar con la representación legal de los trabajadores en la forma establecida en este Real Decreto Ley los términos de la recuperación.

Real decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19

Las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia desde el 2 de abril hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, siempre y cuando no se haya fijado para ellas un plazo concreto. Nos centraremos en las medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables, y las medidas laborales y de consumo.

             * Medidas dirigidas a las familias y colectivos vulnerables

             A) Arrendamientos urbanos

- Suspensión de los procedimientos de desahucio durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Una vez finalizado el estado de alarma se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento en caso de arrendatarios en situación de vulnerabilidad.

- Los contratos cuya duración se extinga desde la declaración del estado de alarma y hasta dos meses después de su terminación, se prorrogarán a voluntad del arrendatario vulnerable hasta un máximo de seis meses más.

-Moratoria de la deuda arrendaticia para las personas en situación de vulnerabilidad por la epidemia y que no tengan alternativa habitacional, mientras dure el estado de alarma o persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses.

-Para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda (más de diez inmuebles), tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras, se aplicará una quita de la mitad de las cuotas no pagadas o se reestructurará la deuda para que pueda ser pagada en un plazo de tres años sin intereses.

- En el caso de los demás arrendadores, el inquilino en situación vulnerable podrá solicitar el aplazamiento y si el arrendador no lo acepta podrá acceder a un programa de ayudas sin coste y con el aval del Estado con el que pagar al propietario hasta seis mensualidades para devolverlo en un plazo de diez años.

B) Suministros:

-Se prohíbe la suspensión de los suministros energéticos y de agua a todos los hogares, no solo a los vulnerables, por motivos distintos a la seguridad del servicio.

-Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico a los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.

C)  Planes de pensiones

-Se autoriza el rescate de aportaciones a planes de pensiones a las personas inmersas en ERTE y a los autónomos que hayan cesado su actividad.

             * Medidas laborales y de consumo

             A) Medidas laborales

-Los autónomos y empresas afectadas por la crisis del coronavirus podrán solicitar el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social que se deban pagar en el mes de abril durante los primeros diez días del mes de abril, a un interés reducido del 0,5%. Se otorga una moratoria de hasta seis meses a empresas y autónomos para el pago de obligaciones con la Seguridad Social correspondientes a mayo, junio y julio, sin recargos ni intereses.

No se aplicará a las empresas exoneradas de cotizaciones por ERTE a causa del coronavirus.

-Los autónomos cuya actividad quedó suspendida por el decreto de alarma no tendrán recargos si pagan las cuotas previas fuera de plazo.

-Se extiende la protección por incapacidad temporal para casos de situación excepcional de confinamiento total de la población donde vive como consecuencia del COVID-19, no puedan desplazarse a prestar servicios esenciales y no tengan otra prestación pública.

-El subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave no se verá afectado en caso de que los trabajadores sean incluidos en un ERTE.

-Se elimina la incompatibilidad para percibir la pensión de jubilación de los profesionales sanitarios y su reincorporación a la vida profesional.

-Se crea un subsidio extraordinario para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleadas de Hogar que hayan dejado de prestar servicios total o parcialmente, para reducir el riesgo de transmisión a causa de la crisis sanitaria del Covid-19. También las que hayan sido objeto de despido o desistimiento de contrato durante la crisis sanitaria.

-Subsidio de Desempleo Excepcional por el Fin de Contrato Temporal para las personas que disfrutasen de un contrato de, al menos, dos meses de duración que se hubiese extinguido tras la entrada en vigor del estado de alarma y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a una prestación por desempleo.

             B) Medidas de consumo

- Las agencias podrán ofrecer un bono de un año de vigencia a los consumidores afectados, cuando los operadores no le reembolsen los importes correspondientes, o devolver el dinero si este bono no se ha usado tras el periodo estipulado.

-Bienes o servicios no disfrutados. El consumidor o usuario podrá solicitar la resolución del contrato en un plazo de 14 días. La empresa podrá ofrecer una alternativa como la del bono o vale sustitutorio que deberá ser aceptada por el consumidor o usuario. Si en un plazo de 60 días no ha habido acuerdo entre las partes, la empresa procederá a la devolución del dinero.

-Academias, residencias, gimnasios y otros servicios de tracto sucesivo. En el caso de estos servicios contratados, pero no disfrutados por el estado de alarma, la empresa podrá ofrecer la recuperación, pero deberá devolver el dinero si el cliente no la acepta.

-Moratoria de créditos al consumo para los consumidores en situación vulnerable afectados por el estado de alarma que cumplan ciertos requisitos.

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