ERTES EN EL ESTADO DE ALARMA ¿EN QUÉ CONSISTEN?

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El ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) es una herramienta para paliar los efectos temporales de la crisis de una empresa por el que se puede suspender de manera temporal los contratos de los trabajadores o reducir su jornada laboral. El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19, en vigor desde el 18 de marzo de 2020, en sus artículos 22 y 23, estableció una serie de medidas excepcionales para la aplicación de estos ERTE.

Para los ERTE basados en procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (art. 22) era necesario que tuvieran “su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados”, aplicándose en estos casos las consecuencias derivadas del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho Real Decreto también estableció medidas excepcionales para los ERTE basados en procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (art. 23).

Las especialidades previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto antes mencionado, sólo son aplicables a los ERTES iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley, es decir, antes del 18 de marzo de 2020, y la posibilidad de acogerse a ellos estará vigente mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 (entendiendo por dicha situación excepcional, la vigencia del Estado de Alarma cuya fecha de finalización es el 21 de junio de 2020, independientemente de que hayan prorrogado los efectos de los ya iniciados).

La tramitación de los ERTES por fuerza mayor se iniciará de manera telemática mediante la solicitud de la empresa a la Autoridad Laboral, acompañada de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar dicho informe, en caso de existir, a la representación de estas. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, no obstante, ante la previsible avalancha de solicitudes, se reconoce de forma implícita el silencio administrativo positivo.

La tramitación de los ERTES por causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de producción) se comunicará igualmente de manera telemática a la Autoridad Laboral, pero vendrá precedido por un periodo de consultas entre la empresa y la representación de los trabajadores o la comisión representativa en su caso, cuya duración no deberá exceder de siete días.

Las empresas deberán remitir al SEPE también de forma telemática, una solicitud colectiva de prestaciones de desempleo para los trabajadores afectados en el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE. A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras afectadas, la empresa deberá adjuntar una declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquellas para su presentación. La no transmisión de la comunicación de información al SEPE se considerará conducta constitutiva de la infracción grave prevista la LISOS.

Respecto a la cotización empresarial, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa, se establece lo siguiente:

  • Si la empresa a 29 de febrero de 2020 tuviera menos de 50 trabajadores, será exonerada del abono íntegro de la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
  • Si a 29 de febrero de 2020 tuviera 50 trabajadores o más, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

En ambos casos, se mantiene la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos para el trabajador. Esta exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

El Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que entró en vigor el 13 de mayo, prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020. En esa fecha se suprimirá también la prohibición de ERES con despidos por causas de fuerza mayor o causas objetivas justificados por la epidemia. Hasta ese momento las empresas no podían extinguir contratos salvo en caso de despido disciplinario declarado procedente, dimisión voluntaria, jubilación o finalización del contrato.

Respecto a los ERTE por causa de fuerza mayor recogidos en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, se crean dos situaciones: 

  • Fuerza mayor total: para empresas que no puedan reanudar su actividad ni reincorporar a ningún trabajador se establecen las siguientes exenciones:
  1. Exoneración total de la aportación empresarial de las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020.
  2. Exoneración total de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta trabajadores y del 75% si tuviera cincuenta o más trabajadores.
  • Fuerza mayor parcial: para empresas que permitan la recuperación parcial de su actividad, reincorporándose los trabajadores afectados por el ERTE en la medida necesaria para su desarrollo, se establecen las siguientes exenciones:
  1. En relación con las personas trabajadoras que reinicien su actividad:

         1.Empresa con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020: exención del 85 % de la aportación empresarial en mayo de 2020 y el 70 % de la aportación empresarial en junio de 2020.

         2.Empresa con 50 o más trabajadores: exención del 60 % de la aportación empresarial en mayo de 2020 y el 45 % en junio de 2020.

  1. En relación con las personas trabajadoras de la misma empresa que continúen con la actividad suspendida:

          1.Empresa con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020: exención del 60 % de la aportación empresarial en mayo de 2020 y el 45 % en junio de 2020.

          2.Empresa con 50 o más trabajadores: exención del 45 % de la aportación empresarial en mayo de 2020 y el 30 % en junio de 2020.

Las exenciones en la cotización no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos. Esta exoneración se vincula al compromiso de que la empresa mantenga el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de la reanudación de la actividad, aunque solo sea de parte de la plantilla.

Los ERTE por causas ETOP se pueden iniciar en una misma empresa mientras estén vigentes los ERTE por fuerza mayor, y sus efectos se retrotraerán a la fecha de finalización de los ERTE por fuerza mayor.

Las empresas comunicarán telemáticamente, mediante una declaración responsable, a la Tesorería General de la Seguridad Social, antes de remitir los ficheros de bases, si continúan en situación de fuerza mayor total o pasan a una situación de fuerza mayor parcial en los meses de mayo y junio, con comunicación previa al SEPE de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo. El Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y seguridad social y tributarias para paliar los efectos del covid-19, aclara que no será posible aplicar exoneraciones en las cotizaciones de empresas sometidas a ERTEs vinculados al COVID-19 sin cumplir el requisito de suministrar la información por medios electrónicos de los datos relativos a inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así como los referidos a la cotización y recaudación.

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