EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA EL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS AL TRABAJO

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El Tribunal Constitucional avala la extinción de un contrato de trabajo por faltas intermitentes al trabajo, aunque estén justificadas, debido a varias bajas por enfermedad común.No se trata de un nuevo supuesto legislativo, si no que el TC ha entrado a valorar la constitucionalidad de un artículo ya existente, concretamente el art. 52 d) del Estatuto de los Trabajadores que establece que un contrato podrá extinguirse por causas objetivas derivadas de “faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

En este caso, la empresa despidió a la trabajadora por causas objetivas ya que se ausentó 9 días hábiles de los 40 días hábiles que se debe ir a trabajar en dos meses, superando el umbral de los 8 días hábiles (20% de 40 días) que establece el citado artículo del Estatuto de los Trabajadores. Además, la carta de despido añadía que la empleada había alcanzado el 5% de las ausencias “permitidas” durante los doce meses anteriores al despido. La empleada impugnó el despido solicitando la nulidad del mismo, en base a una vulneración de sus derechos fundamentales y concretamente invocó el artículo 15 de la Constitución que establece “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.”, por considerar que este tipo de decisiones pueden suponer una amenaza hacia al trabajador enfermo, al disuadirle de faltar al trabajo en caso de enfermedad ante el temor de ser despedido, y eso, inevitablemente puede tener consecuencias sobre su estado de salud. Además de solicitar la nulidad del despido, la trabajadora solicitó al Juzgado que elevara una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional para valorar si el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores era constitucional o no.

El Tribunal Constitucional consideró que es difícil que una decisión empresarial de este tipo, amparada por un precepto legal, vulnere la integridad física de un trabajador que falta al trabajo en reiteradas ocasiones, aquejado por una o varias enfermedades de corta duración. Y añadió que para que una actuación empresarial de este tipo pudiera ser reprobada, tendría que existir un peligro grave y cierto para la salud del afectado, algo que no sucede en este caso, en el que, además, la causa del despido no es la enfermedad en sí, sino la reiteración en el número de faltas. Item más, el propio artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores indica expresamente una relación de causas que no se pueden computar como faltas de asistencia al trabajo, y concretamente,  “las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda. Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave." Además, en este caso el Alto Tribunal consideró que la decisión del empresario estaba amparada por el artículo 38 de la Constitución, que establece que “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”  y que la finalidad del despido era precisamente luchar contra el absentismo laboral que afecta directamente a la productividad de las empresas e incrementa indebidamente sus costes. 

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